31.01.10 - 00:46 -
Las polémicas sobre la energía nuclear no dan tregua. El verano del 2009 estuvo amenizado por la discusión sobre el cierre o la prórroga de la central nuclear de Garoña. Entre todos convertimos la decisión en asunto de estado. Finalmente el Gobierno, en una decisión salomónica, prorrogó su vida útil hasta el 2019. El que esto suscribe en estas mismas páginas abogó por su cierre para que el ciudadano se crea la prioridad de la seguridad y la independencia del Gobierno frente a intereses empresariales. También porque Garoña apenas contribuye a la producción eléctrica nacional.
El debate actual no versa sobre la energía nuclear sino en la elección del lugar para almacenar los residuos radiactivos que las centrales nucleares han generado y generarán en los años que les quedan de funcionamiento.
La construcción del ATC es necesaria y racional por múltiples razones: es una solución que varios países de Europa con centrales nucleares ya han tomado y con varios almacenes funcionando, entre ellos el holandés que nos servirá de modelo. La tecnología usada para almacenar los residuos de forma segura está desarrollada. Los residuos se guardan en unas condiciones que no emiten radiactividad al exterior. Su confinamiento está asegurado contra catástrofes e impactos. Es más seguro tener un único almacén que tener uno en cada central nuclear. El ciudadano debe saber que una parte de los residuos (los que genera la central de Vandellós en desmantelamiento) se han enviado a Francia mientras buscamos un lugar para ellos. Ello nos cuesta 40.000 euros diarios y 60.000 a partir del 2011. La factura total hasta ahora asciende a más de 200 millones de euros desde 1994.
En el 2005 los principales partidos, incluidos ERC e IU votaron a favor de la construcción de un almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad (en adelante ATC) en el cual se depositarían los residuos de las centrales nucleares que hasta ahora permanecen en cada central.
Dado el consenso existente, perecía que el ATC iba a ser pronto una realidad a falta de elegir el emplazamiento, pero como siempre, se subestimaba la capacidad de este país para la polémica y la de sus políticos para atizarla.
Los mismos partidos que votaron a favor de la solución ahora se oponen a que sea en su comunidad autónoma el emplazamiento. El señor Montilla y el señor Barreda se equivocan dos veces. Por contradecirse así mismos y por dar a entender a la población con su negativa que el almacén es intrínsecamente inseguro. No es cierto y la inmensa mayoría de los especialistas pueden corroborarlo. Los políticos no pueden tomar las decisiones con las encuestas como guía de actuación.
La negativa de los presidentes de las comunidades autónomas a que se construya en los pueblos de su territorio es contradictoria y cínica con la decisión de ellos mismos en el parlamento de llevarlo adelante. Es populista e interfiere en las competencias propias de los municipios. Su oposición se apoya en cálculos electoralistas que les ofuscan en su deber de resolver los problemas de los ciudadanos.
Su postura contribuye a que el ciudadano vea en el sistema autonómico una rémora a la hora de solucionar asuntos que benefician a todo el país. Cada vez que algún problema a resolver de repercusión interterritorial exige consenso, el sentido común, que debe guiar la búsqueda de beneficio para todos, desaparece y es sustituido por murallas regionalistas.
Mención aparte merece el movimiento ecologista. Las razones que esgrimen para oponerse a la energía nuclear, que respeto y apoyo en parte, no valen para oponerse al ATC. La negación como principio de actuación no resuelve nada en este caso. Los residuos no se van a volatilizar, por lo que deberían defender una ubicación de los mismos consensuada con la población del lugar.
El miedo de los ciudadanos a todo lo nuclear está alimentado por catástrofes y amenazas. Debido a ello es difícil que el recelo hacia el ATC desaparezca. Sin embargo hay argumentos científicos y tecnológicos que proporcionan una seguridad total a este almacén de residuos. Los políticos deben contribuir a resolver el problema, no a perpetuarlo. Su actitud generará confianza apoyándose en el conocimiento científico para explicar el ATC y así superar el miedo del ciudadano.
2 comentarios:
Primer: els arguments cièntifics, per si sols no són suficients, a la vida no tot és ciència i les coses són molt més complexes, i que certs cièntifics defensin el cementeri amb arrguments només cièntifics l'únic que demostra és que no tene no idea de com funciona la societat o viuen a un altre món.
I segon i extret de la teva entrada "... por lo que deberían defender una ubicación de los mismos consensuada con la población del lugar..." ??? !!!
Si no lo has entendido yo te lo explico:
Quiere decir que en vez de oponerse deben ayudar a buscar el mejor lugar para su emplazamiento.
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